A seguir haciendo cola…

Publicado el 8 de marzo de 2012 por Luis. 2 comentarios
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Ufff, que trajín…. entre los cierres de IVA, un par de proyectos de adaptación “lopediana” en curso, las famosas declaraciones de mayores de 3.005 euros a la AEAT y sus novedades “retroactivas”… vamos, que les tengo abandonados… Pero no pasa un día sin que me acuerde de Ustedes… se lo prometo!

Además de todo lo que les cuento, y de seguir corriendo por zonas videovigiladas pero mal señalizadas, durante  enero y febrero, “en mis ratos libres” he estado haciendo -entre otras “cositas”- un interesante y recomendable curso de “Iniciación a la Administración Electrónica” en la Universidad de Murcia… Me ha gustado mucho, la verdad, he aprendido un montón de cosas y he consolidado algunas que ya sabía…

“Parece ser”  que los ciudadanos tenemos el derecho de relacionarnos con las administraciones por medios electrónicos, que las administraciones tienen obligación de poner a nuestro servicio canales telemáticos para que nos relacionemos con ellas, que estos canales deben ser seguros, que deben ser usables, que…

Un momento, un momento… Pero… ¿realmente son obligatorios estos canales para las administraciones? Pues no, por desgracia para los ciudadanos, para todas no. Para la Administración General del Estado sí… desde el 01/01/2010 (aunque muchos trámites a fecha de hoy, sigan sin poder realizarse telemáticamente), pero para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, no… la propia Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, dejó abierta una puerta en los puntos 3 y 4 de su disposición final tercera a que estas administraciones hicieran “lo que pudieran” en base a sus disponibilidades presupuestarias, vamos, algo así como “esto es obligatorio, pero si no tenéis dinero, pues nada, olvidaos de ello“:

3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias.

4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.”

Y eso que esta ley se promulgó en tiempo de “vacas gordas”, antes de llegar a la “desaceleración” esta que hoy nos invade… tiempos de subvenciones, tiempos de planes avanza, tiempos de contratos públicos de servicios de consultoría, tiempos de difusión de las bondades de este acceso electrónico de los ciudadanos… ¡qué bonito -y extendido- el DNI electrónico! (aunque no nos valga de mucho… algún día compartiré con Ustedes la experiencia de la renovación de su certificado en la Comisaría de Zamora, pero eso, otro día…)

Pues bien, esta puerta abierta ha hecho que, desde luego en el ámbito local, al menos en el que a mí me rodea, no se desarrolle, o como mínimo no se haya hecho al ritmo deseable esta administración electrónica, y que los sufridos ciudadanos, para la gran mayoría de trámites con estas administraciones, tengamos que seguir siendo “ciudadanos 1.0” y tengamos que seguir  empleando procedimientos-papel que deberían haber sido casi olvidados en el siglo anterior… Por lo incómodos que resultan para los ciudadanos (o al menos para algunos), pero también, y sobre todo, por la eficacia y eficiencia que restan a las administraciones…

Y para muestra, un botón. Vengo hoy a compartir con Ustedes una “anécdota” –por no calificarla como realmente me pide el cuerpo, aunque ese calificativo seguro que Ustedes lo deducirán si leen la carta que les enlazo – que me ocurrió ayer y que he plasmado anoche mismo en una carta al Director de un periódico local de gran tirada para ver si de alguna forma, consigo que determinados gestores públicos (o como en este caso semipúblicos-semiprivados, al tratarse de un “Consorcio” que integra o integraba a un Ayuntamiento de una capital de provincia, a la Diputación de la misma provincia, y, al menos en 2010, cuando desarrollaron su web, a una de las principales entidades financieras de la plaza, hoy inmersa en fusiones y reestructuraciones bancarias y por tanto, con pérdida de ese “matiz localista o regionalista” que tenía entonces) , se enteran de una vez que hay cosas que no cuesta tanto hacer… al menos hacerlas bien.

Seguro que en entradas sucesivas, si es que consigo dejar un poco de tiempo para seguir atormentándoles desde Dataland, les hablaré más de administración electrónica…

Muy buenos días…

 

Imagen © scribbletaylor

2 comentarios

  1. Luis G dice:

    ¿Cuál es su opnión en referencia a la STS de 8 de febrero de 2012 sobre el concepto de interés legítimo?

    Salu2

    Luis G

    • Luis dice:

      Lo primero de todo, pedirte perdón, Luis, porque no había visto tu pregunta…

      Y lo segundo, tirarte de la oreja por preguntarme en esta entrada sobre administración electrónica por otro tema (es broma obviamente)… vale… aprovechando que el Pisuerga pasa cerca de Valladolid (igual que el Arlanzón, creo… ;)) pues te diré que en mi humilde opinión, la sentencia de la que me hablas, lo único que viene es a traer mayor inseguridad jurídica… Algunos, y particularmente los medios de comunicación, se han vuelto locos y se han puesto a gritar a los cuatro vientos que esta sentencia marcaba el fin de la protección de datos, y que ahora hay barra libre cuando existe un interés legítimo por parte del que trate los datos personales… Opino que nada más lejos de la realidad… El que los datos figurasen o no en fuentes accesibles al público, a pesar de que fuera un paso más allá de lo que marcaba la Directiva Europea, no dejaba de ser un “estándar” que le brindaba al responsable del tratamiento un criterio más o menos claro: si estaban en fuentes accesibles al público (tal y como se definen en la normativa, no como algunos interpretan ese término), había interés legítimo y no se quebraban otros derechos fundamentales de los afectados, se podían tratar… Ahora desparece ese requisito de que los datos figuren en fuentes accesibles al público, pero persisten los otros dos, y por ello, tal y como han afirmado algunos autores de reconocido prestigio como Ricard Martínez Martínez hizo tanto en su blog tras la resolución del TJUE, como en la web de la Asociación Profesional Española de Privacidad publicada tras la STS de 8 de febrero, (incluso creo recordar que la propia Agencia en una nota de prensa), habrá que ponderar caso por caso si ese interés, realmente es legítimo, y con ello, el responsable, “se la jugará” y quedará en manos de la interpretación que pueda hacer el instructor de turno, o posteriormente el tribunal al que se reclame…

      Además, no olvidemos de que la sentencia, anula ese apartado del reglamento. El reglamento, desarrolla una Ley Orgánica (la LOPD), y esa, no se ha tocado en nada, por supuesto, y en esa ley orgánica, concretamente en su artículo 6.2, se establece: 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. o sea, lo que se decía en el precepto derogado…

      No sé si te queda claro, pero si no, ya sabes, me lo dices y tratamos de aclarar más 😉

      Gracias por tu participación en mi blog, como siempre.

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